La presidenta del CPLT advirtió tras la fiscalización que "los gobiernos locales aún tienen una brecha importante en transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos".
Una fiscalización extraordinaria del Consejo para la Transparencia (CPLT) detectó que un 61% de las municipalidades beneficiarias de los Fondos Puente no "cumplió plenamente" con la obligación de publicar en sus sitios de transparencia activa los reportes sobre el uso de estos recursos.
De acuerdo con Transparencia, fueron 187 de 307 los municipios que registraron incumplimiento a la Ley de Presupuestos 2024, que estableció la obligación de publicar en sus sitios cómo se gestionaron esos recursos.
En concreto, esta indagación evaluó el nivel de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos correspondientes al Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial, es decir, los aportes provenientes del denominado Royalty Minero.
Según especificó el organismo, la fiscalización comprendió la totalidad del año 2024 y una muestra de 2025. Se trata de $93.645 millones de libre disposición que fueron distribuidos en 307 comunas del país, con la única limitación es que no pueden utilizarse para el pago de deudas.
¿En qué gastaron el fondo los municipios?
El análisis reveló además que, un 37% de los fondos se destinó a iniciativas de inversión, un 23% a bienes y servicios de consumo, un 18% a transferencias corrientes, un 12% a adquisición de activos no financieros y un 8% a gastos en personal.
El gasto más alto reportado corresponde a una transferencia de la Municipalidad de Maipú a su Corporación Municipal de Educación (Codeduc) por $1.670 millones.
Le sigue, la Municipalidad de La Pintana en recarpeteo de calles por $1.332 millones, La Granja en aseo domiciliario por $732 millones, Cerro Navia en pago de sueldos por $628 millones y San Ramón en aseo de calles y mantención de jardines por $514 millones.
Presidenta del CLPT advirtió "brecha en transparencia"
Natalia González, presidenta del CPLT, advirtió que "la normativa es clara al establecer que los recursos provenientes del royalty minero que se distribuyen a las municipalidades deben gastarse en promover la inversión, el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las comunidades".
"Asimismo, se trata de cuantiosas sumas de dineros públicos. Por ello, conocer cómo se gastan es una materia de alto interés público, que los ciudadanos tienen derecho a conocer", subrayó.
"Los resultados de nuestra fiscalización evidencian que los gobiernos locales aún tienen una brecha importante en transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos", reflexionó tras los resultados de la fiscalización.
10/09/2025
18:30
