Las organizaciones convocantes cifraron en 500 mil las personas que asistieron a la marcha de este 8M en Santiago, en una movilización que se replicó a lo largo del país.
A las 11:00 horas partió este domingo 8 de marzo la marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Santiago, en una multitudinaria movilización que repletó de manifestantes la Alameda.
Con lienzos y banderas a favor de los derechos sexuales y reproductivos, del fin a la violencia de género, del fin al genocidio en Gaza y exigiendo justicia para mujeres asesinadas o desaparecidas en nuestro país, las calles se llenaron de demandas en una masiva jornada que las organizaciones convocantes cifraron en 500 mil personas asistentes.
La movilización partió en Plaza Baquedano y culminó a la altura de Los Héroes con un acto político-cultural. En la instancia, voceras de distintas organizaciones leyeron una carta abierta en la que recordaron los orígenes de la conmemoración en Chile con el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH) y repasaron hitos del movimiento, como el derecho a voto y la aprobación en 2017 de la ley de aborto en tres causales, señalando que continúan luchando por un "aborto legal, seguro y gratuito".
Bajo el lema “Ni un paso atrás, cien pasos hacia adelante”, la marcha de este año se realizó a solo tres días del cambio de mando y la instalación del Gobierno liderado por José Antonio Kast.
“Durante el gobierno saliente se normalizaron los desalojos, se asoció migración y delito, se garantizó la impunidad de las fuerzas policiales con la ley Naín-Retamal. Nada reemplaza nuestra movilización y no es posible delegar en otros la lucha por la vida que nos deben”, indicaron.
Sobre la llegada de Kast a La Moneda, afirmaron que “representa a un sector que históricamente se ha opuesto a nuestros derechos: se opusieron a nuestro acceso a la universidad, al divorcio, a las píldoras anticonceptivas, al reconocimiento de hijos no matrimoniales, a la píldora del día después, al aborto en tres causales y al matrimonio igualitario”.
A esto, acusaron, se suma el intento por "garantizar la impunidad de violadores de derechos humanos, de femicidas y abusadores de niños, niñes y niñas”, en alusión al proyecto de conmutación de penas.







