Reos liberadores por error, corrupción en la institución, muertes al interior de los penales y suicidios de funcionarios: El complejo momento de Gendarmería de Chile que llevó al gobierno a impulsar una reforma.
En pocos meses, al menos ocho imputados han sido liberados por error, decenas de funcionarios han sido investigados por corrupción y siete internos han muerto en hechos violentos dentro de recintos penitenciarios. La seguidilla de casos ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento de Gendarmería de Chile y ha vuelto a poner en el centro del debate el estado del sistema penitenciario.
"Contribuir a una sociedad más segura, garantizando el cumplimiento efectivo tanto de la prisión preventiva como de las penas privativas o restrictivas, y sustitutivas de libertad a quienes los tribunales determinen", esa es parte de la misión de Gendarmería de Chile.
Sin embargo, estos principales fundamentos están por estos días lejos de cumplirse debido a una serie de falencias y mediáticos casos que ha enfrentado la institución, los que han generado preocupación tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública.
El caso más conocido es el que se dio con la libertad por error de Alberto Carlos Mejía Hernández, quien al momento de ser detenido y liberado figuraba bajo la identidad falsa de Osmar Ferrer Ramírez. El sujeto, acusado de asesinar al denominado "Rey de Meiggs" y ligado al crimen organizado, se fugó del país tras ser liberado y recién meses después fue detenido en Colombia.
A esta situación se suman recientes casos en Santiago y Viña del Mar, elevando a ocho los casos de imputados liberados por error en pocos meses, lo que evidenció fallas críticas en los procesos de control.
A todos estos problemas se suma uno de los más graves: los casos de corrupción al interior de la institución. Todo salió a la luz pública en diciembre pasado, cuando tras la denominada "Operación Apocalipsis" se detuvo a 77 personas, de las cuales 44 eran funcionarios de Gendarmería. En el penal Santiago 1, los funcionarios involucrados facilitaban ilícitos a cambio de dinero, permitiendo la distribución de drogas, el ingreso de celulares, alcohol, alimentos y el acceso de visitas irregulares.
Según informó CIPER, se estima que los involucrados realizaron negocios por más de $6.000 millones durante tres años.
Otra compleja situación que enfrenta Gendarmería son los recientes suicidios de funcionarios. El primero ocurrió en Iquique y el segundo en la Posta Central de Santiago, donde ambos trabajadores atentaron contra su vida mientras se encontraban en funciones.
Además, conmoción generó el crimen y posteriores actos de antropofagia en la cárcel de La Serena, donde la familia del acusado criticó a Gendarmería por las condiciones en que se encontraba el interno y la falta de atención en salud mental.
Cabe señalar que, según informó el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, en lo que va de 2026 ya se han registrado siete muertes violentas en recintos penitenciarios producto de agresiones entre internos. Esta cifra, en solo un mes y medio de este año, ya alcanza cerca del 25% del total registrado durante todo 2025, cuando se contabilizaron 27 fallecimientos.
Días después de la "Operación Apocalipsis", el presidente Gabriel Boric anunció una reforma constitucional para separar funciones en Gendarmería.
La iniciativa establece que Gendarmería pase a ser una institución de seguridad pública dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que las competencias de reinserción quedarían alojadas en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en una nueva entidad especializada.
Esta reforma ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y fue despachada al Senado para continuar su segundo trámite constitucional.
CHVNoticias.cl conversó con Benito Sarabia Aguayo, Suboficial Mayor de Gendarmería, dirigente nacional de ANFUP y con cerca de 30 años de servicio, quien conoce de primera fuente la realidad de la institución.
—¿Existe abandono del Estado en los centros penitenciarios?
—Efectivamente, hay un abandono al sistema penitenciario. No hay una política de construcción de cárceles que traspase de un gobierno a otro, ni una inversión importante en tecnología o recursos humanos para modernizar el sistema.
El funcionario explicó que el hacinamiento es uno de los principales factores que inciden en el aumento de la violencia.
—Hace algunos años un gendarme custodiaba un patio con 100 internos. Hoy esos patios tienen 250 o 300 personas. Eso genera roces, conflictos y aumenta el riesgo de hechos violentos.
Asimismo, advirtió que el sistema enfrenta limitaciones tecnológicas que dificultan el trabajo de los funcionarios.
—Se trabaja con sistemas informáticos arcaicos y muchas decisiones se toman con información incompleta. Eso también influye en los errores que han ocurrido.
Respecto a los casos de corrupción, el dirigente señaló que es necesario fortalecer los controles internos.
—Se deben ocupar todas las herramientas disponibles para apartar a quienes se alejan de la probidad. La mayoría de los funcionarios cumple su labor con compromiso, pero estos casos afectan la imagen institucional.
Finalmente, aseguró que el principal problema estructural del sistema penitenciario sigue siendo el hacinamiento.
—El principal problema de las cárceles es el hacinamiento, y eso afecta tanto a los funcionarios como a la población penal.
CHVNoticias.cl también tomó contacto con la institución, que respondió a través de un comunicado señalando que las liberaciones erróneas constituyen hechos graves y que se han cursado las sanciones administrativas correspondientes a los funcionarios involucrados.
Asimismo, indicaron que se han fortalecido los protocolos y mecanismos de control para evitar nuevos errores en el otorgamiento de libertades.
Respecto a la violencia en los penales, señalaron que han implementado planes de acción focalizados, reforzado los procedimientos de fiscalización y aumentado los controles internos.
En relación con los casos de corrupción, destacaron que la "Operación Apocalipsis" es resultado de investigaciones desarrolladas en coordinación con el Ministerio Público, reafirmando su política de tolerancia cero frente a este tipo de delitos.
Desde la institución también indicaron que el aumento sostenido de la población penal representa uno de los principales desafíos para el sistema penitenciario, lo que ha incrementado la presión sobre los recintos y sus funcionarios.
En este contexto, el futuro de Gendarmería y del sistema penitenciario chileno sigue bajo cuestionamiento. Mientras avanza la reforma impulsada por el Ejecutivo y continúan las investigaciones por casos de corrupción y fallas operativas, el foco estará puesto en la capacidad de la institución para corregir estas deficiencias y enfrentar una población penal en constante aumento. Se trata de un desafío estructural que no solo impacta el funcionamiento interno de las cárceles, sino también la confianza pública en un sistema clave para la seguridad del país.