Los funcionarios proveían de ciertos "beneficios" a los reclusos, incluidos el ingreso de comida, celulares y otros elementos prohibidos, traslado entre módulos o ingreso fraudulento de personas a los recintos penitenciarios.
Este martes, Fiscalía llevó a cabo un masivo operativo conocido como "Apocalipsis", destinado a desbaratar una red de corrupción de Gendarmería que operaba en casi una decena de cárceles en el país.
El persecutor de Fiscalía Occidente, Marcos Pastén, detalló las distintas modalidades en que los funcionarios proveían de ciertos "beneficios" a los reclusos, incluidos el ingreso de comida, celulares y otros elementos prohibidos, traslado entre módulos o ingreso fraudulento de personas a los recintos penitenciarios.
El fiscal explicó que la primera modalidad en funcionar en algunas cárceles eran las encomiendas, es decir, cuando personas apostadas afuera del recinto —conocidas como "manilleros" o "manillas"— permitían el ingreso de "especies prohibidas" previo pago.
Entre dichos elementos se encuentran alimentos, como carnes o bebidas alcohólicas, así como teléfonos celulares y sustancias ilícitas.
Además de las "encomiendas", funcionarios de la red de corrupción en Gendarmería operaban bajo los modus operandi de "La Feria" y el "delivery". En la primera, los propios gendarmes ingresaban productos prohibidos y los vendían a precios altos. Por ejemplo, comercializaban celulares a $400 mil pesos o carne a $60 mil.
En la segunda, conocida como el "delivery", eran los propios reos los que solicitaban un listado de productos, cuya entrada también se concretaba previo pago.
El persecutor destapó además dos irregularidades más: el ingreso de personas no enroladas a las cárceles, en su mayoría por situación migratoria irregular, eludiendo los controles y los traslados de reclusos desde un módulo a otro al interior de los recintos penales.
El operativo de Fiscalía se llevó a cabo en dos centros penitenciarios de la región Metropolitana: Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, además de otros 7 recintos a nivel nacional.
En total, el balance dejó un total de 66 detenidos: 44 corresponden a funcionarios de Gendarmería, teniendo 40 órdenes de detención y otros 4 detenidos en flagrancia. Asimismo, se incautaron nueve inmuebles, 16 vehículos y más de $50 millones de pesos en efectivo.