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Director del INDH acusó “radicalidad” en reforma del gobierno y apuntó a razones “ideológicas”

La propuesta del Ejecutivo busca eliminar la facultad del organismo de presentar nuevas querellas, reducir su Consejo de 11 a cinco integrantes y reorganizar su presencia regional, con una disminución de personal y gasto proyectada en su informe financiero.

El director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, cuestionó este martes la reforma presentada por el gobierno de José Antonio Kast para modificar el organismo.

En conversación con Radio ADN, afirmó que “lo que nos sorprende es la radicalidad y el carácter extremo de los contenidos del proyecto”.

“Este es un proyecto que, esencialmente, apunta a neutralizar al INDH como un instrumento efectivo de protección y promoción de los derechos humanos de las personas que habitan en el territorio nacional. Eso es evidente”, sostuvo.

“No solo hay una eliminación de facultades que son muy relevantes para el cumplimiento del mandato legal del instituto, sino que además hay una propuesta de afectación muy grave a la autonomía del INDH”, indicó Ljubetic.

El director del organismo también advirtió sobre las consecuencias que, según su análisis, tendría la iniciativa en regiones.

“Es un proyecto que además desmantela el INDH. Le quita recursos y explícitamente elimina sus sedes regionales. Hoy somos una institución presente en todas las regiones del país y vamos a pasar a ser una institución con domicilio legal en Santiago”, afirmó.

Respecto del presupuesto, señaló que el proyecto contempla “una disminución evidente de recursos”. Además, aseguró que “está explícitamente señalado en el informe financiero el despido del 70% de las personas que son abogadas en la institución”.

Director del INDH critica reforma del gobierno

Ljubetic rechazó que la propuesta recoja los acuerdos de la comisión de fortalecimiento que funcionó durante 2025. “Tampoco es cierta la afirmación de que esto esté basado en un acuerdo transversal”, expresó.

“Esta comisión planteó transversalmente el fortalecimiento de las atribuciones del INDH. De hecho, en materia de querellas ampliaba su alcance desde el punto de vista del tipo de delitos que podía perseguir el instituto”, sostuvo.

Asimismo, indicó que esa instancia “reconocía la importancia de las sedes regionales y valoraba la presencia nacional del INDH”. Por ello, afirmó que “el proyecto que presentó el Ejecutivo avanza exactamente en la dirección contraria”.

“Yo creo que es posible afirmar, a partir de los contenidos del proyecto, que esta es una iniciativa orientada no a reformar el instituto, sino derechamente a deformar el INDH”, manifestó.

Finalmente, calificó la iniciativa como “evidentemente ideológica”. “Este proyecto está fundado en prejuicios, definiciones identitarias y francamente ideológicas de un sector que apoya al Gobierno”, aseguró.

“Nosotros hemos sido víctimas durante meses de una campaña con desinformación, noticias falsas y atribución de situaciones que no corresponden”, concluyó.

¿Qué propone la reforma del Gobierno al INDH?

El proyecto del Ejecutivo modifica las atribuciones, la estructura y la organización territorial del INDH. Entre sus principales puntos se encuentran:

  • Eliminar la facultad de presentar nuevas querellas criminales. El organismo podrá continuar las causas iniciadas antes de la publicación de la ley, formular denuncias e interponer recursos de protección y amparo.
  • Reducir el Consejo de 11 a cinco integrantes y separar la dirección superior de la gestión administrativa y operativa, que quedará a cargo de un director ejecutivo seleccionado mediante Alta Dirección Pública.
  • Reorganizar la presencia territorial. La iniciativa fija el domicilio en Santiago y encarga a las nuevas autoridades definir su presencia nacional. El informe financiero estima una reducción del 50% de la dotación regional durante un año y medio.
  • Disminuir el personal dedicado a acciones judiciales. El informe financiero proyecta reducir un 70% la dotación de abogados de la unidad de protección, asociado a la eliminación de la facultad de querellarse.
  • Modificar sus mecanismos de intervención y rendición de cuentas. Podrá entregar opiniones técnicas ante tribunales sin ser parte del juicio y deberá presentar un informe anual que incluya su ejecución presupuestaria.

Según el informe financiero, los cambios supondrían un menor gasto anual de aproximadamente $3.721 millones una vez implementados plenamente.