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Oposición anuncia comisión investigadora ante eventuales conflictos de interés del ministro Quiroz

La iniciativa apunta a dos proyectos que habrían avanzado a pesar de contar con informes negativos de Sernageomin. Uno sería propiedad de su hermano y el otro lo vincula a través de su consultora.

Parlamentarios de oposición anunciaron una Comisión Especial Investigadora para fiscalizar eventuales conflictos de interés y posibles irregularidades vinculadas al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La iniciativa fue promovida por diputados de los comités del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido por la Democracia, Democracia Cristiana y Partido Liberal, a raíz de dos reportajes de CIPER que cuestionan mecanismos impulsados por el Gobierno para acelerar permisos ambientales.

Desde el Frente Amplio, el diputado Jaime Bassa sostuvo que los antecedentes generan dudas sobre la transparencia de las actuaciones del ministro y planteó la posibilidad de conflictos de interés o incluso tráfico de influencias.

“Hemos conocido sobre la aprobación de dos proyectos sin respaldo técnico y en los que el ministro tendría conflictos de interés. Además su ministerio ha generado nuevos mecanismos para acelerar la obtención de permisos, pero no existen actas ni documentos que den cuenta de los acuerdos, eventuales recomendaciones u otros antecedentes que deben ser públicos”, indicó.

Los proyectos que se le cuestionan a Quiroz

Los proyectos que tienen bajo cuestionamiento al ministro Jorge Quiroz son Alto Santorini, en Concón, de propiedad de su hermano, y una planta de sales de potasio en el Salar de Atacama, vinculada al Grupo Errázuriz, en el que habría participado a través de su consultora Quiroz & Asociados.

Los parlamentarios cuestionaron que ambos proyectos habrían avanzado pese a informes negativos de Sernageomin.

La oposición busca determinar eventuales irregularidades en el Comité de Proyectos del SEIA, conocer los criterios utilizados para priorizar iniciativas y esclarecer la falta de actas y registros públicos. 

Además, se pretende establecer si el ministro intervino en los proyectos mencionados y si él y sus asesores cumplieron con las normas de probidad, abstención y declaración de intereses.