“Escuelas protegidas” avanza en el Congreso: ¿Qué cambiaría en las escuelas con su aprobación?
Revisión de mochilas, de vestimentas y la inhabilidad para acceder a la gratuidad en la educación universitaria son algunas de las medidas impulsadas por el Gobierno.
Tras el asesinato de una inspectora en Calama, el Ministerio de Educación ingresó dos proyectos al Congreso. El primero, que modifica el Código Penal para sancionar con mayor severidad los delitos contra integrantes de la comunidad educativa o contra la propiedad al interior de escuelas; y el segundo llamado “Escuelas Protegidas”, que incluye una serie de medidas para enfrentar hechos de violencia y que esta semana avanzó a su segundo trámite legislativo.
“Escuelas Protegidas” fue aprobado en general durante esta semana en la Cámara por 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. A pesar de su amplia aprobación, durante el debate se presentaron diversas reservas de constitucionalidad por considerar que las normas aprobadas vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes y principios como la igualdad ante la ley.
Si bien aún no se termina su tramitación, en CHV Noticias te mostramos cómo estaría quedando el proyecto en caso que se apruebe sin ajustes en el Senado. El proyecto habilitaría las siguientes medias.
Revisión de mochilas
El proyecto habilita a sostenedores de colegios a “incorporar en sus reglamentos internos la medida de revisión de mochilas, bolsos y otros efectos personales de los estudiantes”.
Sobre quién deberá realizar este procedimiento, el articulado no entrega ninguna especificidad y lo deja sujeto a lo que establezca cada establecimiento en su reglamento interno. Lo que sí señala de forma expresa es que el deberá “resguardar el derecho a la igualdad y la no discriminación arbitraria”.
En caso de la negativa del o la estudiante, “el personal del establecimiento deberá informar de manera inmediata a sus padres y/o apoderados” y a personal policial.
Revisión de vestimentas por parte de personal policial
El proyectos sostiene que tanto carabineros como personal de la PDI podrán “efectuar registro de las vestimentas y efectos personales del estudiante”.
Esto, detalla, “sin orden del fiscal y previo requerimiento del personal del establecimiento educacional correspondiente, cuando exista algún indicio de que el estudiante hubiera cometido o intentado cometer un crimen o simple delito, o que se dispusiese a cometerlo”.
Prohibición de capuchas
El artículo 5° obliga a los colegios a sumar en sus reglamentos la prohibición de “vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial, siempre que no respondan a necesidades de salud, religiosas u otras debidamente injustificadas”.
Además, se deberá prohibir el “uso de accesorios o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley”.
Sanciones por interrupción de clases
Se entenderá que “afectan gravemente la convivencia escolar” aquellos actos que tengan como consecuencia la paralización total o parcial de las clases, o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada escolar, afectando la continuidad del servicio educativo.
Inhabilidad para acceder a la gratuidad.
El proyecto incorpora entre los requisitos para acceder a la gratuidad en la educación superior en Chile, el no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.
Docentes empoderados
El proyecto modifica el Estatuto de los Profesionales de la Educación, según señala el proyecto, con el propósito de fortalecer la autoridad docente al interior de las salas de clases. De esta forma, las medidas adoptadas por los docentes, orientadas a resguardar el normal desarrollo de las clases y la convivencia escolar “podrán ser inmediatas y tendrán carácter de obligatorio para los estudiantes”.
En está línea, el articulado agrega que el relato del profesional de la educación “constituirá antecedente para fundar la adopción de medidas inmediatas de resguardo y para el inicio del procedimiento correspondiente”.
A pesar que algunos vinculan el uso de detectores de metales con este proyecto, lo cierto es que el uso de estas tecnologías ya fue aprobado en la Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas y ahora lo que resta es la redacción de su reglamento por parte del Mineduc y el Ministerio de Seguridad Pública.