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Ordenan sumario en Slep de Valparaíso: Detectan pagos por $247 millones a exdirector suspendido

Debido a la demora para resolver un problema administrativo, un ejecutivo recibió remuneraciones hasta el 16 de marzo de 2026, pese a estar suspendido de sus funciones.

La Contraloría Regional de Valparaíso instruyó un sumario en contra del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso (SLEPV), tras detectar diversas irregularidades.

El procedimiento disciplinario se ordenó a raíz de anomalías relacionadas con la administración de personal, procesos de contratación y uso de recursos públicos entre enero de 2024 y mayo de 2025.

Según el informe N°827 de la Contraloría, el organismo fiscalizador detectó que la demora en resolver un procedimiento administrativo de suspensión y remoción permitió que un exdirector ejecutivo siguiera recibiendo remuneraciones hasta el 16 de marzo de 2026, pese a estar suspendido de sus funciones.

Durante ese período, el exdirectivo recibió pagos líquidos por un total de $247.557.391. A raíz de estos hechos, la Contraloría ordenó instruir un sumario y adoptar medidas destinadas a evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Irregularidades en contrataciones

La auditoría también detectó contrataciones directas realizadas sin concurso o con fundamentos insuficientes, irregularidades y omisiones en los procesos de reclutamiento y selección de asistentes de la educación, extensas permanencias en comisiones de servicio y el uso de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para fines cuya acreditación no resultó suficiente.

A esto se sumaron deficiencias en los controles de asistencia y en el cumplimiento de la jornada laboral. Todos estos antecedentes deberán ser abordados en el sumario instruido por el organismo fiscalizador.

Por otra parte, se detectó que un funcionario prestó servicios de manera simultánea en el SLEPV y en la Municipalidad de La Calera, incluso durante períodos en los que se encontraba con licencia médica.

Asimismo, el organismo constató que dos personas fueron contratadas para uno de los programas sin que se desarrollaran procesos públicos, transparentes e inclusivos de reclutamiento y selección, de acuerdo con perfiles previamente establecidos.