Gobierno puso fin a unidad especializada en adopciones ilegales: Se había formado hace 4 meses
La medida significó la desvinculación de los tres profesionales que integraban el equipo. Desde la Subsecretaría de DD.HH. argumentaron que esta reorganización busca “resguardar una gestión eficiente de los recursos”.
La Subsecretaría de Derechos Humanos decidió poner fin a la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI), creada hace apenas cuatro meses para cumplir un mandato legal orientado a apoyar a víctimas de adopciones irregulares en Chile.
La medida quedó establecida en la Resolución Exenta N°207 del 22 de junio y significó la desvinculación de los tres profesionales que integraban el equipo.
La unidad había sido creada en febrero de este año para realizar investigaciones administrativas solicitadas por tribunales, apoyar la búsqueda de orígenes familiares y coordinar la futura implementación del Banco de Huellas Genéticas.
“Es un retroceso de Estado”
En conversación con BioBioChile, el exencargado de la UBAFI, Ananías Reyes, cuestionó duramente la decisión. “Es un retroceso de Estado en la respuesta a víctimas que han sido particularmente postergadas y que requieren justicia”, afirmó.
Reyes también lamentó que no alcanzara a concretarse el Banco de Huellas Genéticas, una de las principales herramientas para facilitar reencuentros familiares.
“Era parte del trabajo que estábamos realizando, armar el reglamento para su funcionamiento. Nosotros hicimos una primera propuesta para conversarla en una reunión con el Servicio Médico Legal, y esa es precisamente la reunión que el gabinete nunca gestionó“, aseguró.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos defendieron la reorganización. Consultado por el citado medio, el organismo señaló que las funciones continuarán bajo una nueva estructura y que la medida busca “resguardar una gestión eficiente de los recursos”.
La decisión también fue criticada por la Fundación Hijos y Madres del Silencio, organización que representa a víctimas de adopciones ilegales y tráfico de niños.
A través de una declaración pública, la entidad expresó su “profunda preocupación e indignación” por el cierre de la unidad y exigió revertir la resolución, implementar el Banco de Huellas Genéticas y entregar explicaciones sobre el desmantelamiento de la oficina.
“Seguiremos exigiendo lo que corresponde: verdad, memoria, y que ninguna resolución administrativa pase por encima de una obligación legal hacia las víctimas”, concluyó la organización.
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