Funcionarios denuncian “beneficios salariales groseros” en el Ministerio de la Mujer
Desde la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (ANFUMMEG) temen que se trate de una “estrategia de deterioro institucional desde dentro”.
Una denuncia ante el Ministerio Público y la Contraloría fue interpuesta por la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (Anfummeg).
¿La razón? Presuntas irregularidades al interior de la secretaría de Estado, como eventuales problemas de probidad, uso irregular de recursos públicos y aumentos de remuneraciones que no habrían seguido los conductos regulares.
En concreto, la acción por “presuntos delitos funcionarios y corrupción” interpuesta en junio busca encontrar a los responsables del supuesto “desorden interno y de los aumentos de remuneraciones sin los procedimientos regulares”, consignó Radio Bío-Bío.
Se trata de una ofensiva que ocurre a semanas de la salida de la exsubsecretaria Daniela Castro, quien fue desvinculada en medio de acusaciones a la gestión de la ministra Judith Marín, que incluyen malos tratos, amenazas de despidos y tensiones políticas.
Desde el Ministerio, luego que se hiciera pública la denuncia, anunciaron una investigación sumaria al señalar que los hechos cuestionados “fueron rechazados y no cursados dado que fueron gestionados por personas que ya no están en el ministerio“.
“Nuestro compromiso es por el buen uso de los recursos públicos. En ningún caso el gabinete de la Ministra ha incurrido en ese tipo de malas prácticas, siempre se velará por el uso correcto de los recursos“, declararon.
Anfummeg advierte “falta de ética y responsabilidad”
La asociación, encabezada por Paulina Cid, acusa que “hemos conocido antecedentes de beneficios salariales groseros auto otorgados durante el período de cambio de autoridades”, dice una declaración.
Junto con ello, acusan un deterioro de la gestión interna desde marzo, con problemas en pagos de horas extras, viáticos, sala cuna, proveedores y servicios básicos, además de errores en compras públicas y falta de control sobre procesos administrativos clave.
“Esto se desbordó. Nunca, en más de 20 años como funcionarias, habíamos sido testigos de algo tan falto de ética y responsabilidad funcionaria”, señala el documento.