Diputados UDI buscan prohibir venta de bebidas energéticas a menores de edad
Los parlamentarios catalogaron de “contradictorio” que se prohíba la venta de alcohol y cigarrillos a menores de edad, pero no la venta de este tipo de bebidas.
Los diputados Cristóbal Martínez, por la región del Ñuble, y Natalia Romero, por la región de O’Higgins, ambos de Unión Demócrata Independiente (UDI), presentaron un proyecto de ley que busca prohibir la venta de bebidas energéticas a personas menores de 18 años.
Esta medida busca limitar el consumo de este tipo de bebestibles, según argumentaron, debido a las consecuencias negativas que generaría en niños y adolescentes que las consumen, entre ellos: insomnio y cefalea.
Detalles del proyecto que prohíbe la venta de energéticas a menores de edad
Los parlamentarios usaron de referencia el estudio realizado por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), en el que se revela que los jóvenes pasaron de consumir 0,4 a 3,6 litros mensuales de bebidas energéticas, en promedio, en los últimos 10 años (2010-2020).
Asimismo, dicho estudio hace referencia al año 2018, fecha en que la cifra de litros consumidos llegó casi a los 42 millones en Chile.
Debido a esto es que Martínez y Romero buscan que las medidas para la venta de alcohol y cigarrillos sean las mismas para las bebidas energéticas. “Los establecimientos que comercialicen bebidas energéticas deberán exigir la exhibición de la cédula de identidad u otro documento identificatorio oficial que acredite la edad del comprador“, indicaron.
“Hoy existe una creciente normalización del consumo de bebidas energéticas entre los menores de edad en nuestro país. Se venden prácticamente en cualquier comercio, se promocionan como un producto de consumo cotidiano y muchos adolescentes desconocen los riesgos que pueden provocar en su salud“, añadieron los diputados UDI.
A modo de cierre, expresaron que es “contradictorio” que no se regulen las bebidas energéticas con “efectos muy nocivos” así como se hace con el alcohol y los cigarrillos. “Tenemos el deber de impulsar políticas que los protejan y que prevengan conductas que puedan derivar en graves problemas de salud o en futuras adicciones”, finalizaron.