A horas de ser despachada: Gobierno ingresa veto a tres indicaciones de la megarreforma
El Ejecutivo busca eliminar tres artículos incorporados durante la tramitación parlamentaria del proyecto de “Reconstrucción Nacional”.
El gobierno ingresó un veto este miércoles a tres normas del proyecto de Ley de “Reconstrucción Nacional”, conocido como megarreforma, con el propósito de eliminar tres artículos incorporados durante la tramitación parlamentaria.
Se trata de los artículos referentes a la prohibición del anatocismo, el derecho al olvido financiero y la prohibición de pactar plazos excepcionales de pago en facturas superiores a 30 días, los que fueron incorporados por la oposición.
A través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Ejecutivo entregó las nuevas observaciones a solo horas de haber sido despachada a ley la iniciativa en el Senado.
Gobierno ingresa veto a tres normas de la megarreforma
Los tres artículos de la megarreforma que el gobierno busca vetar son:
1. Prohibición absoluta del anatocismo (artículo 32)
La norma prohibiría cobrar intereses sobre intereses o capitalizarlos en operaciones de crédito. Sin embargo, según el gobierno, esta “no lograría el objetivo de reducir el costo del crédito para las personas, pudiendo además generar exclusión financiera, afectar el ahorro e impedir el correcto funcionamiento del sistema financiero y la transmisión de la política monetaria”.
2. Derecho al olvido financiero (artículo 39)
Esta indicación obligaría a borrar las deudas impagas o extinguidas, con más de cinco años de antigüedad, de los registros internos y de la comunicación a terceros. Además, impediría utilizar esa información para negar productos financieros.
Para el Ejecutivo, de ser aplicada, “genera una antinomia normativa que compromete tanto la fiscalización tributaria como la trazabilidad contable y bancaria del sistema”.
3. Prohibición de pactar plazos excepcionales de pago (artículo 40)
El artículo impediría pactar plazos excepcionales de pago en facturas por sobre 30 días y también reduciría los del Estado como comprador. De acuerdo con lo expuesto por el gobierno, la prohibición de estos acuerdos generaría “efectos inconvenientes para las pequeñas y medianas empresas”.
“Carece de eficacia práctica y perjudica gravemente el financiamiento operativo de las propias empresas de menor tamaño y vulnera injustificadamente la libertad de todas las empresas“, se lee en el documento.