Kegevic desafía ultimátum de Poduje: busca frenar en tribunales el desalojo de sede de Federación de Tenis
El inhabilitado expresidente de Fetech anunció acciones legales contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, quien lo acusó de ocupar de forma ilegítima la sede de Cerro Colorado en Las Condes.
Luego del últimatum de 24 horas que lanzó el ministro de Vivienda y Ubanismo, Milovan Kegevic, anunció acciones legales contra Iván Poduje tras ser acusado de ocupar de forma ilegítima la sede de la Federación de Tenis de Chile de Cerro Colorado en Las Condes.
El presidente inhabilitado de la federación salió al paso de las acusaciones y, por medio de un documento, interpuso una solicitud de medida cautelar ante la justicia para frenar el anunciado desalojo.
El conflicto se detonó, vale recordar, luego de que el secretario de Estado exigiera por la red social X la entrega del inmueble en 24 horas, advirtiendo con una querella y expulsión del recinto con funcionarios de Carabineros.
“Este terreno es del SERVIU. Si el señor Milovan Kegevic no desarma su negocio ilegal y desocupa la propiedad en 24 horas, nos vamos a querellar por usurpación y los vamos a desalojar con Carabineros. Nadie se salta la fila“, escribió la autoridad.
Kegevic pidió en tribunales frenar el desalojo
A juicio del dirigente deportivo, la intervención del secretario de Estado constituye una “torpeza jurídica” y un acto de autotutela al pretender desalojar un recinto judicializado.
En ese sentido, apunta a que el Minvu no forma parte del juicio principal radicado en los tribunales, el cual involucra directamente al Serviu Metropolitano, una entidad autónoma, y a la Municipalidad de Las Condes
Asimismo, la defensa argumenta que la autoridad administrativa infringe la Ley Orgánica de Carabineros al requerir fuerza pública en asuntos sometidos a los tribunales.
Por lo mismo, el abogado de Kegevic solicitó de manera urgente a la justicia prohibir el uso de la fuerza pública mientras no exista una sentencia firme y ejecutoriada sobre el terreno en disputa.
El requerimiento busca frenar el ultimátum emitido por el Ejecutivo, amparándose en la normativa que prohíbe el uso de la fuerza pública en asuntos que ya se encuentran radicados y bajo el conocimiento exclusivo de los tribunales de justicia.