Ley de Usurpaciones se estrenó con desalojo en La Araucanía: Hay cinco detenidos
La ministra Carolina Tohá confirmó que el desalojo se llevó a cabo en el Fundo Palermo, en Collipulli, Región de La Araucanía, donde Carabineros detuvo a cinco personas.
A través de redes sociales, la Ministra del Interior Carolina Tohá, afirmó que se produjo el primer desalojo en el marco de la nueva Ley de Usurpaciones, que ha generado debate y claras diferencias entre el Gobierno y la oposición.
La titular de Interior confirmó que este desalojo se llevó a cabo en el Fundo Palermo, en Collipulli, Región de La Araucanía, donde Carabineros detuvo a cinco personas.
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“Esta nueva norma ya vigente entrega herramientas efectivas a las policías, al establecer que las usurpaciones siempre serán delitos y que Carabineros podrá desalojar y detener, incluyendo casos de usurpaciones no violentas“, indicó Tohá.
[1/2] Hoy en La Araucanía se produjo el primer desalojo en el marco de nueva ley de usurpaciones, norma publicada el viernes en Diario Oficial. Se trata de una usurpación no violenta en el Fundo Palermo, en Collipulli, procedimiento en que Carabineros detuvo a cinco personas.
— Carolina Tohá (@Carolina_Toha) November 27, 2023
Veto del Gobierno a la Ley de Usurpaciones
El Gobierno, y a través de la propia Carolina Tohá, mostró permanentemente su preocupación en torno a la Ley de Usurpaciones y presentaron un veto presidencial, lo que generó una distancia con la oposición debido a las grandes diferencias en torno a la ley.
Finalmente, el Gobierno logró a finales de octubre la aprobación del veto en el Senado, ya que el Ejecutivo había mostrado su preocupación sobre las “tomas no violentas”.
De esta forma, con la aprobación del veto en la Cámara Alta, el Senado confirmó que las tomas sin violencia serán sancionadas a discreción de un juez, con la opción de imponer una pena de presidio menor en su grado mínimo o una multa de 6 a 10 UTM.
Este apartado fue el que generó mayor discusión previo a la instancia de votación, ya que desde la oposición planteaban que no existía el término “tomas no violentas”, hecho que argumentó y defendió el Gobierno hasta la aprobación de la aprobación del veto.