Adelantan audiencia de Juan Aliste Vega en medio de petición de indulto: Voto disidente en la Corte Suprema fue clave
El voto disidente de uno de los magistrados de la Corte Suprema abrió una puerta a cambios en el cumplimiento de la condena del exlautarista. Este jueves, el tribunal reprogramó la audiencia tres semanas antes de lo previsto.
A pocos días de que Juan Aliste Vega, condenado por el homicidio del cabo Luis Moyano, pidiera un indulto humanitario, en tribunales se dio a conocer la reprogramación de una audiencia ligada al caso y que podría significar un vuelco en la historia judicial.
El 7° Juzgado de Garantía de Santiago acordó adelantar la instancia para revisar la forma de cumplimiento del saldo de la pena al exintegrante del Movimiento Lautaro, según constató CHV Noticias de la resolución judicial con fecha del 8 de octubre de este año.
La nueva audiencia quedó fijada para el día lunes 26 de octubre, tres semanas antes de su fecha inicial, originalmente pactada para el 17 de noviembre.
Aliste Vega, quien días antes había escrito una carta dirigida al presidente José Antonio Kast solicitando su indulto, padece una enfermedad terminal y tendría una expectativa de vida de aproximadamente tres meses. De esta forma, son dos vías por las que busca dejar el Hospital Penitenciario de Santiago: el indulto humanitario y la vía judicial.
Voto disidente en la Corte Suprema fue clave para reprogramación de audiencia
A comienzos de mes, la Corte Suprema ratificó el rechazo de un recurso de amparo presentado por Ricardo Bravo Cornejo, abogado defensor de Aliste Vega, con el que buscaba modificar la modalidad de cumplimiento de su condena.
La acción buscaba que se convocara una audiencia urgente, se reunieran los antecedentes acerca de su estado de salud con el fin de valorarlos y eventualmente disponer de una forma de cumplimiento excepcional.
Y aunque no encontró respaldo en la Suprema, que determinó rechazar el recurso, el voto disidente del ministro Jorge Zepeda abrió la puerta.
Consultado por CHV Noticias, el abogado Ricardo Bravo Cornejo explicó que, aunque el máximo tribunal no resolviera el fondo de la petición, el voto del magistrado “permite volver a discutir esto en un plano de garantía”.
“La mayoría se quedó en aspectos formales y no abordó el fondo de la situación de salud de Juan. El ministro Zepeda fue el único que desarrolló esa discusión: planteó que el tribunal de ejecución convocara a una audiencia, revisara los antecedentes médicos y evaluara si existe un motivo humanitario calificado para disponer de una forma excepcional de cumplimiento”.
En ese sentido, Bravo Cornejo añadió: “Hoy llegamos en una posición distinta”, toda vez que desde que presentaron la acción “la situación ha evolucionado”.
“Contamos con informes y documentos médicos actualizados. Eso le permitirá al tribunal tomar una decisión con todos los antecedentes a la vista“, afirmó.
A su juicio, la determinación “debe considerar la normativa nacional y los estándares internacionales: el derecho a la vida y a la integridad, la dignidad de las personas privadas de libertad y su derecho a recibir una atención de salud adecuada. Así lo recogen la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las reglas Nelson Mandela”.
“El Juzgado de Garantía entiende que la solicitud de nosotros es buscar una forma excepcional y que hay un caso humanitario calificado, según lo que el propio ministro también plantea”, añadió.