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Contraloría detecta que casi mil funcionarios con prohibición legal apostaron en casinos: Monto bordea los $11.500 millones

El informe identificó a diversos funcionarios que pertenecen a instituciones como Carabineros, Fuerza Aérea, Tesorería General de la República, Policía de Investigaciones, municipalidades y otros organismos del Estado.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 910 funcionarios públicos y municipales, pertenecientes a 371 entidades del Estado, realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos de juego.

El total del monto asciende a $11.490.456.871, pese a encontrarse legalmente con prohibición de efectuar apuestas, entre enero 2024 y junio de 2025.

Según los datos recogidos en el CIC N° 20, de los 910 funcionarios, 181 concentran el 96,8% del monto transaccionado, es decir, $11.118.431.956. En estos casos, las sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones.

De acuerdo con la normativa vigente, específicamente el artículo 10 letra b) de la Ley N° 19.995, estos funcionarios tienen prohibido efectuar cualquier tipo de apuesta en casinos.

Funcionarios y servicios con mayores montos transados

El informe identifica a diversos servicios públicos y municipalidades cuyos funcionarios concentran los mayores montos apostados y que pertenecen a instituciones como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Tesorería General de la República, Policía de Investigaciones, municipalidades y otros organismos del Estado, con cifras individuales que superan los mil millones de pesos en algunos casos.

En total, los 20 mayores montos transados alcanzan más de $5.392 millones, correspondientes a funcionarios que desempeñaban cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos.

A partir de estos antecedentes, la Contraloría remitirá a la Superintendencia de Casinos de Juego el listado de los 910 funcionarios involucrados, para que ejerza sus facultades de fiscalización, investigación e instruya los procedimientos sancionatorios que correspondan.

También enviará los antecedentes a los respectivos servicios públicos y municipalidades, a fin de que inicien los procedimientos disciplinarios y determinen eventuales responsabilidades administrativas.

Adicionalmente, remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para los fines que estimen pertinentes en el ámbito de sus atribuciones.