"Recibo este documento con mucha esperanza sobre los resultados (...), con mucho orgullo y agradecimiento por el trabajo realizado", comentó esta jornada el presidente Gabriel Boric.
El presidente Gabriel Boric recibió la mañana de hoy martes el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, una instancia que fue anunciada en la Cuenta Pública de junio de 2023.
Esta comisión fue encomendada para sentar las bases para una "solución de mediano y largo plazo en materias de tierras y reparación para las comunidades mapuche" contribuyendo, a su vez, a una mejor convivencia en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
“Recibo este documento con mucha esperanza sobre los resultados de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, con mucho orgullo y agradecimiento por el trabajo realizado”, comentó el Mandatario.
En total fueron ocho los comisionados que redactaron el texto a lo largo de dos años: cuatro de origen mapuche y cuatro no mapuche. La publicación tiene 21 propuestas y cinco ejes acordados.
"En estos meses, más de 5 mil personas e instituciones compartieron su experiencia y propuesta a través de 55 sesiones oficiales", detalló uno de los comisionados, el ex ministro y ex co-presidente de la instancia, Alfredo Moreno.
A lo anterior añadió que hubo 146 audiencias, 11 diálogos interculturales, 58 encuentros autoconvocados en 31 comunas y 177 encuentros territoriales "que nos acercaron a la realidad local".
“La Comisión recomienda reformar la Constitución para que el Estado reconozca a los pueblos indígenas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, en el marco de la unidad del Estado”.
“En concordancia con el principio de autogobernanza, la Comisión recomienda ampliar el concepto de comunidad indígena establecido en la Ley N° 19.253”.
“Proveer procesos participativos, orientadas al reconocimiento, revitalización, preservación y difusión de la lengua, cultura y cosmovisión Mapuche para toda la sociedad”.
“Aprobar la creación del Consejo de Pueblos, que ya cuenta con un consenso político transversal… La ley determinará la forma de participación de los pueblos indígenas en los órganos políticos del Estado que toman decisiones obligatorias”.
“La Comisión recomienda crear un órgano de la más alta jerarquía política, que diseñe y coordine de manera efectiva la política desde el Gobierno hacia los pueblos indígenas”.
“La Comisión recomienda mejorar la efectividad de la consulta indígena, fortaleciendo la institucionalidad estatal responsable de estas materias”.
“En el contexto de los graves hechos de violencia rural o actos de carácter terrorista observados en las cuatro regiones, que han causado la pérdida de vidas humanas, de bienes materiales y la afectación en la vida de la población de distintos territorios a partir de 1997, la Comisión recomienda la dictación de una ley de reparación integral para todas las víctimas de este conflicto, tanto mapuche como no mapuche”.
“Su función será́ identificar y registrar a las víctimas y los daños de los que fueron objeto, junto con diseñar, implementar y ejecutar los planes”.
“En materia de indemnizaciones, la ley deberá contemplar asignación en caso de fallecimiento, reparación en caso de daños o pérdida de viviendas propias o arrendadas, accesos preferentes a subsidios habitacionales, resarcimiento de daños en infraestructura económica, programas de crédito preferente, programas de fomento productivo, de empleabilidad, exenciones tributarias, entre otras alternativas de reparación”.
”La magnitud del desafío se refleja en el costo estimado para reparar a los cuatro grupos de beneficiarios identificados en el diagnóstico, el cual asciende a USD $4 mil millones”. La Comisión recomienda:
Mientras no se cree el nuevo sistema de reparación, CONADI seguirá cumpliendo sus funciones de acuerdo con la ley, debiendo fortalecerse sus capacidades, lo que incluirá el Fondo de Tierras y Aguas, y la digitalización y accesibilidad tanto del Registro Público de Tierras Indígenas, a fin de garantizar la debida identificación, registro y protección de las tierras, como del Archivo General de Asuntos Indígenas, garantizando el debido acceso a la documentación histórica de las demandas territoriales de las comunidades mapuche.
La Agencia de Reparación será dependiente del nuevo órgano de alta jerarquía política. La Agencia reparará a:
La Comisión recomienda que el Estado provea de una unidad especializada de acompañamiento jurídico, que será parte del órgano de alta jerarquía política que se propone crear, cuya función será prestar asesoría y representación jurídica gratuita a las comunidades y demás personas jurídicas o naturales mapuche en la celebración de los contratos autorizados por la ley.
La comisión recomienda proponer un nuevo marco de entendimiento, reparación y cooperación entre las comunidades mapuche y la industria forestal, que contribuya a una convivencia territorial más armónica, al cumplimiento de los objetivos de estas recomendaciones y al desarrollo económico de las comunidades mapuche. En virtud de lo anterior y como resultado de un proceso de diálogo entre la Comisión y representantes de la industria forestal, se visualiza y acuerda participación de la industria en dos fases.
La reparación deberá basarse en los principios del Convenio 169 de la OIT, priorizando la reparación en tierras. No obstante, las comunidades o familias indígenas podrán optar por otras modalidades de reparación.
Para el acceso a la reparación en tierras se considerarán los siguientes criterios:
El Tribunal Arbitral reconocerá el derecho a reparación para las comunidades no constituidas a la fecha de entrega de las recomendaciones que invoquen títulos que no hayan sido previamente invocados, a partir del cumplimiento de requisitos.
Considerando los altos índices de pobreza, desigualdad y brecha de desarrollo que reflejan las cuatro regiones involucradas en este plan y las brechas de desarrollo, producto de un conflicto que alcanza los 27 años de historia, se requiere políticas públicas orientadas a impulsar la inversión, el desarrollo de infraestructura, conectividad, educación, entre otros factores estratégicos para alcanzar el desarrollo económico y con ello aumentar los ingresos de las familias y el empleo, tanto de personas mapuche como no mapuche.
Se hace imperativo un programa de acompañamiento de los nuevos propietarios que implique una atención integral, especializada que permita un desarrollo económico sostenido de las familias que serán parte de este proceso. Se detallan 3 iniciativas.
Dada la inalienabilidad de la tierra indígena, se recomienda estudiar mecanismos de acceso a financiamiento (garantía estatal u otros) de proyectos de desarrollo de personas naturales y jurídicas indígenas, incluyendo la posibilidad de ampliar los esquemas de cooperativas de ahorro y crédito ya existentes.
Crear una oficina que será responsable de impulsar, coordinar y supervisar la implementación de las medidas recomendadas por esta Comisión.