Contraloría detecta fallas en control migratorio y protección de niños haitianos en reunificación familiar
El organismo publicó su informe final y reveló que habría una falta de coordinación entre Migraciones, PDI y la Subsecretaría de la Niñez.
24.06.2026 / 10:15 Catalina Vargas
La Contraloría General de la República (CGR) publicó este miércoles el informe final de su investigación especial al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).
En él, el organismo reveló distintas deficiencias en el control migratorio y en la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) haitianos en el proceso de reunificación familiar en Chile.
Contraloría revela deficiencias en la protección de niños, niñas y adolescentes haitianos
El preinforme de Contraloría, en el que apuntaban a las instituciones por las presuntas irregularidades en los procesos de reunificación familiar de niños haitianos, causó debate en el país.
En este nuevo documento, el ente fiscalizador asegura que habría una falta de coordinación entre tres instituciones responsables de estos procedimientos: Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez.
Según la CGR, no existían protocolos claros ni sistemas formales de intercambio de información entre ellas, lo que afectó la trazabilidad y la protección de los niños.
Contraloría revela deficiencias en el control migratorio de las instituciones
De acuerdo con lo expuesto por Contraloría, entre enero y abril de 2025 ingresaron 3.235 haitianos con residencia temporal, de los cuales 2.792 lo hicieron por reunificación familiar.
También, de esos, 1.476 llegaron en vuelos chárter, que estarían todos autorizados, pero que hubo deficiencias de control de parte de las instituciones correspondientes.
Además, la CGR mencionó un vuelo específico, que en octubre de 2025 habría ingresado sin listado de pasajeros, lo que podría derivar en sanciones.
En tanto, según el organismo, la PDI no contaba con protocolos de control completos, por lo que habrían entregado algunos permisos migratorios sin informe policial previo.
Y Migraciones habría aplicado criterios excepcionales sin respaldo legal, lo que vulnera la normativa vigente. Finalmente, entre ambas instituciones se detectaron discrepancias en sus registros.
De este modo, la Contraloría anunció sumarios administrativos para determinar responsabilidades, y exigió protocolos obligatorios y mejor coordinación. Así, otorgando un plazo de 60 días a los organismos, para informar sus mejoras.