Violencia escolar: Las 6 medidas que impulsará el Gobierno para mayor seguridad en colegios

Los proyectos, según el Gobierno, buscan aumentar las agravantes en delitos cometidos en establecimientos educacionales y dotar de mayores herramientas a las comunidades para evitar hechos violentos.

El presidente José Antonio Kast presentó este martes dos proyectos de ley que buscan mejorar la seguridad al interior de los establecimientos educativos, en el marco de los recientes episodios de violencia registrados en algunos recintos, como en los casos de Calama y Providencia.

El mandatario, quien estuvo acompañado por los ministros de Educación, Seguridad Pública, y de Justicia y Derechos Humanos, indicó que las iniciativas buscan “reforzar las capacidades preventivas” en los establecimientos.

La violencia en las escuelas no tiene color político. La vida de cualquiera de nuestros niños (…) no tiene color político. Este Gobierno fue elegido precisamente por la mayoría de los chilenos para devolver, para recuperar el orden, el sentido común y la autoridad”, dijo Kast.

Modificación al Código Penal

El primero de los proyectos propone modificar el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos en recintos educacionales.

1.En concreto, busca sancionar con mayor severidad los delitos contra estudiantes, docentes o asistentes, ya sea dentro del recinto o en actividades extracurriculares, así como los delitos contra la propiedad cometidos en dependencias educativas.

Proyecto “Escuelas Protegidas”

El segundo proyecto, según el Gobierno, tiene un “enfoque preventivo” que busca resguardar la integridad física y psíquica de las comunidades mediante la creación de medidas de seguridad reguladas en la Ley General de Educación.

2. Revisión de mochilas: Permite la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personales de los estudiantes. Esta medida debe ser incorporada al reglamento interno del establecimiento educativo.

3. Docentes empoderados: El proyecto brinda a los docentes la posibilidad de implementar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias orientadas a resguardar el normal desarrollo de la actividad educativa, el orden en la sala de clases y la adecuada convivencia escolar.

4. Sanciones por interrupción de clases: Castigará la paralización total o parcial de las clases, o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada escolar.

5. Inhabilidad para acceder a la gratuidad: Establecerá entre los requisitos para acceder a la gratuidad el no haber sido condenado por sentencia firme por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.

6. Escolares a cara descubierta: Prohibición del uso de accesorios tales como gorros, capuchas, pasamontañas o cualquier otro que impida la identificación facial, y que no responda a una necesidad de salud, climática u otra debidamente justificada.

Reacciones en la oposición al proyecto

Desde el Colegio de Profesoras y Profesores cuestionaron los proyectos y su presidente, Mario Aguilar, señaló que “en una primera lectura, (porque) no conocemos todavía el proyecto en detalle, nos parece que queda absolutamente pobre en relación a la gravedad y a la profundidad del problema que se pretende abordar”.

“Lo que se propone son simplemente medidas, sanciones que apuntan a los efectos, pero no a las causas. Acá no hay una sola mención por parte del Presidente, a lo que a nuestro entender es uno de los principales focos de problema que se debe enfrentar, la salud mental”, agregó.

La jefa de bancada del PC e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Daniela Serrano, cuestionó la iniciativa al advertir que los proyectos, en realidad, buscan eliminar beneficios sociales.

“Uno de los aspectos más preocupantes es que delimita que cualquier paralización de clase atenta contra la convivencia educativa, es decir, aquellos estudiantes que legítimamente se pongan a servicio de una movilización estudiantil, ya le estaríamos restringiendo el derecho a la gratuidad”, dijo.

“Esto es un proyecto que castiga principalmente a los y las estudiantes más pobres, no se hace cargo del conflicto, enfrenta profesores y estudiantes y por otra parte también es el gusto ideológico de este gobierno, es decir, un proyecto contra cualquier tipo de movilización estudiantil”, remarcó.