Gobierno propone nuevo estado de excepción: Permitirá interceptar comunicaciones y requisar bienes
El proyecto ingresado al Congreso contempla la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública que podrá aplicarse en zonas específicas del país cuando exista una amenaza grave o inminente.
18.08.2026 / 16:44 Cristóbal Galleguillos
El gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó este lunes al Congreso su anunciada reforma constitucional en materia de seguridad.
La iniciativa finalmente contempla ocho modificaciones a la Carta Fundamental, dejando atrás las 11 medidas que se habían considerado en los primeros borradores.
La propuesta forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y busca entregar nuevas herramientas al Estado para enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y las organizaciones criminales.
Gobierno propone un nuevo estado de excepción
Uno de los puntos más controvertidos es precisamente la creación de este nuevo estado de excepción de seguridad pública.
De acuerdo con el texto ingresado al Senado, podrá ser decretado por el Presidente de la República “en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada”, determinando las zonas donde se aplicará.
La medida podrá extenderse por hasta 120 días, un plazo superior al de los estados de excepción actualmente vigentes.
Además, el mandatario podrá renovarlo por un período similar y, para sucesivas prórrogas, requerirá la aprobación del Congreso Nacional.
Entre las atribuciones contempladas en el proyecto figuran:
- Posibilidad de suspender o restringir la libertad personal y de locomoción.
- Limitar el derecho de reunión y de asociación.
- Interceptar comunicaciones, registrar documentos y disponer requisiciones de bienes.
La reforma también mantiene la posibilidad de establecer restricciones para que personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, narcotráfico o terrorismo accedan a determinadas prestaciones financiadas con recursos estatales.
Sin embargo, el Ejecutivo modificó la propuesta original y estableció que dichas inhabilidades deberán quedar definidas mediante una ley de quórum calificado.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió este punto y aseguró que “no estamos hablando de cosas que son bien evidentes y burdas como se han dicho en último tiempo, sino que particulares de algunos beneficios sociales pagados con fondos de todos los chilenos”.
Asimismo, enfatizó que la reforma no contempla una restricción general de derechos y que los detalles quedarán sujetos a la discusión legislativa.