“Deben volver a la cárcel”: Bancada UDI reitera llamado al gobierno para revocar las 56 rebajas de condena

Las parlamentarias hicieron un llamado al Ejecutivo para que “agote todas las instancias legales” que puedan permitir la revertir los beneficios que se otrogaron.

Las diputadas de la bancada UDI, Marlene Pérez y Alejandra Valdebenito, insistieron en su llamado al gobierno y al Ministerio de Justicia para que busquen alternativas legales que permitan revocar los decretos ya aprobados de las rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Las parlamentarias valoraron el compromiso del Ejecutivo de otorgar urgencia a los proyectos que buscan extender a hechos ocurridos antes de 2022 la prohibición de conceder este tipo de beneficios.

Sin embargo, calificaron la medida como “insuficiente”, al considerar que no resuelve la situación de quienes ya accedieron a las rebajas de sus penas.

Lo anterior en relación al anuncio de suspensión de tramitación de nuevos decretos para rebajar condenas a los culpables de delitos sexuales, lo que fue comunicado este viernes tras las críticas transversales que recibió el Ejecutivo.

“Es urgente que el gobierno agote todas las instancias legales para revertir estos beneficios”, señalaron las legisladoras, quienes recalcaron que las medidas anunciadas deben abordar tanto los casos futuros como aquellos que ya fueron favorecidos.

Piden que condenados regresen a prisión 

Las diputadas también se refirieron a las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien confirmó que “la gran mayoría” de los condenados beneficiados con las rebajas ya se encuentra en libertad.

Al respecto, las diputadas Marlene Pérez y Alejandra Valdebenito advirtieron que esta situación “no puede ser una excusa” para dejar de intentar revocar los decretos.

“Si es necesario que el gobierno deje sin efecto estas resoluciones y agote todas las instancias legales para que los condenados vuelvan a la cárcel, que es donde siempre debieron permanecer, tienen el deber de hacerlo, porque las víctimas de estos delitos y sus familias merecen respuestas”, sostuvieron.