De los 35 mil damnificados en el norte del país se descubrió que existen 68 casos que habrían faltado a la verdad en sus testimonios. Los encuestados habrían mentido en sus relatos para ser beneficiarios de los bonos del gobierno.
La denuncia fue realizada por el intendente de la Región de Atacama Miguel Vargas. Para hacer el proceso mucho más rápido se levantó la información desde los mismos albergues donde los encuestadores, debido a las circunstancias, confiaron en los testimonios de la gente.
Las estrategias usadas es que algunos ni siquiera vivían en la región, otros argumentaron que eran allegados pero la mayoría no contaba con documentos, ya que argumentaban que estos habían sido llevados por el barro, por lo que averiguar en el momento la veracidad de la información era un complejo.
Las personas ahora deberán responder ante la justicia por dos delitos, por estafa y por fraude al fisco.
