Pulso Ciudadano: Aprobación del pdte. Kast sube a 33,8%, pero 54% desaprueba su gestión

La última entrega de la encuesta Pulso Ciudadano correspondiente al mes de agosto trajo un escenario de alivio para el gobierno. El estudio reveló un repunte en la aprobación del presidente José Antonio Kast, marcando un quiebre en la tendencia a la baja que había registrado durante los meses anteriores.

Asimismo, la ciudadanía entregó su evaluación respecto a la reforma constitucional de seguridad impulsada por la administración, que contempla, entre otras iniciativas, un nuevo estado de excepción.

Un respiro en La Moneda: Aprobación sube a 33,8%

Tras haber tocado un mínimo histórico de 25,6% en julio, la aprobación del mandatario experimentó un alza de 8,2 puntos porcentuales, ubicándose en un 33,8% en agosto. Se trata de la mayor recuperación registrada por el jefe de Estado desde el inicio de su administración.

Por su parte, la desaprobación se situó en un 54,4%, lo que representa una disminución de 4,5 puntos en comparación con el periodo anterior.

No obstante, en cuanto al nivel de confianza, un 51,8% de los encuestados señala tener poca o nada de confianza en el presidente, frente a un 24% que manifiesta total o mucha confianza y un 24,2% de confianza mediana.

Radiografía a la reforma de seguridad

En el ámbito legislativo y de gestión, uno de los bastiones centrales de la administración es la seguridad pública. Consultados sobre la propuesta liderada por el ministro Martín Arrau, los resultados muestran división.

• 39,2% de los consultados está de acuerdo con la medida.
• 31,6% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.
• 29,2% rechaza la propuesta.

Al desglosar las medidas específicas que contempla la iniciativa constitucional, el estudio detalla cuáles generan mayor adhesión y cuáles mayor resistencia entre los ciudadanos.

La creación de un registro de organizaciones criminales lidera las preferencias con un 68,2% de acuerdo.

En la vereda opuesta, la medida que genera mayor rechazo es la facultad de suspender libertades y restringir derechos durante el estado de excepción, como la libertad personal, de locomoción, de reunión y la interceptación de comunicaciones, la cual concentra un 40,3% de desacuerdo.