Ocultó a su mamá fallecida y cobró pensión por años: Caso que remeció a Curicó ya tiene veredicto

La investigación determinó que la imputada escondió el fallecimiento de su progenitora con el objetivo de seguir cobrando una pensión de montepío otorgada por Capredena. Además, se dio a conocer todo el modus operandi de la mujer.

La Fiscalía de Curicó obtuvo un veredicto condenatorio contra Ketty de las Mercedes Castro Cáceres, mujer acusada de mantener oculto el cadáver momificado de su madre al interior de una vivienda en el sector de Aguas Negras, en la región del Maule.

La investigación determinó que la imputada escondió el fallecimiento de su progenitora con el objetivo de seguir cobrando durante años una pensión de montepío otorgada por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Según explicó el fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, se acreditó que Castro Cáceres mantuvo oculta a su madre fallecida con la intención de beneficiarse económicamente de las pensiones que esta recibía.

Para ello, la mujer “falsificó cartas poderes, los cuales presentó a la entidad Capredena para la obtención de estos dineros“.

La investigación también estableció que obtuvo prestaciones estatales vinculadas a la pandemia de Covid-19 y sumó cargas familiares que no correspondían, generando un perjuicio fiscal.

El caso de “madre momificada” que impactó a Curicó

El caso fue llevado a juicio oral ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó, que acogió parcialmente la acusación del Ministerio Público.

Si bien algunos hechos quedaron fuera de persecución penal por prescripción, el tribunal condenó a la acusada por obtener fraudulentamente prestaciones de organismos públicos y por la falsificación de un poder presentado ante Capredena en 2017.

La lectura de la sentencia quedó fijada para el próximo 25 de septiembre a las 13:00 horas, instancia en la que se conocerán las penas que deberá cumplir la condenada y si estas serán efectivas o sustituidas por alguna medida alternativa.

Cabe recordar que el juicio estuvo suspendido durante casi un año debido a una discusión sobre una eventual inimputabilidad por razones de salud mental.

Tras diversas pericias psicológicas, el Servicio Médico Legal concluyó que no existía una condición que impidiera atribuir responsabilidad penal a la acusada.