Contraloría detecta a 315 funcionarios estatales con condenas vigentes: 73 sentencias son por crímenes
De acuerdo al organismo, esta situación configura una inhabilidad sobreviniente, ya que las personas identificadas incumplen la prohibición para continuar ejerciendo un cargo público.
17.11.2026 / 18:19 Cristóbal Galleguillos
La Contraloría General de la República detectó a 315 funcionarios y servidores públicos con condenas vigentes, incumpliendo la prohibición para continuar ejerciendo un cargo público.
Los antecedentes fueron publicados este martes en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29, elaborado mediante un cruce de datos del Registro Nacional de Condenas del Registro Civil, el Servicio Electoral y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER).
En total, a junio de 2026, las personas identificadas están asociadas a 317 registros de condena, debido a que dos funcionarios presentan más de una.
De estas sentencias, 73 corresponden a crímenes (23%) y 244 a simples delitos (77%). Asimismo, 41 condenas corresponden a delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos.
Carabineros encabeza las instituciones con más casos
El desglose establece que 166 personas se desempeñan en entidades del Gobierno Central y 149 en el Gobierno Local.
Las instituciones con mayor cantidad de funcionarios condenados son:
- Carabineros de Chile: 84.
- Ejército de Chile: 22.
- Armada de Chile: 8.
- Municipalidad de Valdivia: 6.
- Fuerza Aérea de Chile: 5.
- Municipalidad de Hualpén: 4.
- Municipalidad de Tierra Amarilla: 4.
- Municipalidad de Chillán: 4.
- Municipalidad de Puerto Montt: 4.
- Municipalidad de Tocopilla: 3.
Por estamento o calidad contractual, el informe registra 109 casos en las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad; 83 bajo el Código del Trabajo; 41 auxiliares; 31 profesionales; 22 a honorarios; 13 técnicos; 10 administrativos; cinco directivos y uno sin información.
Qué medidas ordenó Contraloría
Según explicó el organismo, los casos corresponden a personas que fueron condenadas después de ingresar a la administración pública y permanecen en funciones, sin haber renunciado o sido destituidas.
Esta situación configura una inhabilidad sobreviniente, es decir, una circunstancia posterior al ingreso que impide continuar ejerciendo el cargo.
Ante estos hallazgos, Contraloría instruyó a las entidades involucradas iniciar investigaciones y determinar eventuales responsabilidades administrativas por la posible omisión de informar las condenas a las jefaturas, además de comenzar los procedimientos para aplicar dicha inhabilidad.
Los servicios también deberán informar si las condenas fueron consideradas oportunamente en las calificaciones funcionarias, conforme a los criterios de comportamiento social y probidad, y regularizar las hojas de vida en SIAPER.
El informe precisa que, para ingresar a cargos auxiliares y administrativos, existe una excepción respecto de ciertos simples delitos, siempre que no correspondan a aquellos cometidos por empleados públicos en el ejercicio de sus funciones.
También advierte que los vínculos laborales son informados por las propias instituciones y aparecen vigentes mientras el servicio respectivo no tramite su cese.
🔎 CIC N° 29: Contraloría detecta a más de 300 funcionarios del Estado con condenas vigentes pese a prohibición legal.
El análisis advirtió que 149 de los trabajadores pertenecen a gobiernos locales y 166, al gobierno central y que 73 condenas son por crímenes y 244 casos corresponden a simples delitos.
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— Contraloría (@Contraloriacl) November 17, 2026