Abogadas alertan “indulto pasivo” del Ministerio de Justicia a favor de condenados por crímenes de lesa humanidad

Las ex integrantes del Programa Nacional de Derechos Humanos, Magdalena Garcés, Tamara Lagos y Paulina Zamorano, recientemente despedidas tras la llegada a La Moneda del presidente José Antonio Kast y su gabinete, alertaron la ejecución de un “indulto pasivo” por parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, a favor de criminales de lesa humanidad de la dictadura.

A través de un comunicado, las juristas acusaron que Rabat instruyó a través de la Jefa del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, “que sus abogados no intervengan en audiencias donde se discutan rebajas de pena o cumplimientos alternativos“.

Ante esto, alertaron que “esta falta de representación para las familias de las víctimas se aleja del propósito central del Programa y del marco jurídico nacional e internacional”.

Acusan “indulto pasivo”

Las ex integrantes del Plan Nacional de Búsqueda acusaron que con esto “la actual administración ha definido un giro en la política de cumplimiento de penas: el cese de la oposición estatal a requerimientos judiciales de libertad”.

“A diferencia de los indultos directos, esta modalidad de ‘indulto pasivo’ permite que condenados por crímenes de lesa humanidad y que argumenten su condición de ser adultos mayores o padecer enfermedades graves obtengan salidas alternativas sin la oposición de los abogados del Estado. Esta omisión de defensa se convierte así en la nueva vía para desestimar el cumplimiento de cárcel efectiva”, cuestionaron.

Sobre por qué esto implicaría un cambio de criterio, explicaron que el Protocolo de actuación del Programa de Derechos Humanos señala que el área jurídica debe intervenir en acciones interpuestas por condenados por graves violaciones a los derechos humanos cuando “no hayan prestado colaboración con la justicia, se encuentren procesados y/o condenados en numerosas causas judiciales, el impacto de la liberación anticipada del condenado genere efectos sobre sus víctimas y familiares, y cuando genere la sensación de impunidad respecto del cumplimiento de la pena”.

Asimismo, agregan que “en caso de dictarse una resolución que rebaja la pena, cambia la modalidad de cumplimiento, o agrave a familiares de las víctimas el Programa deberá apelar e impugnar dichas decisiones, de conformidad al derecho internacional y estándares en la materia”.

Cambio de criterio ya estaría operando: Tres casos

Las abogadas entregaron información sobre al menos tres casos donde desde el Ministerio no habría tomado ninguna medida ante la solicitud de beneficios por parte de condenados por delitos de lesa humanidad.

Además, expusieron que “ninguna de estas decisiones han sido informadas a los familiares por parte de la autoridad, sino mediante los abogados, quienes sin explicación alguna, han debido acatar la orden de no intervenir en estos procesos judiciales“.

Primer caso: César Manríquez y la Operación Colombo

El primer caso es el de César Manríquez, jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la Dirección Nacional del Ejército (DINA), quien se encuentra condenado en 57 sentencias en calidad de autor de crímenes que involucran un total de 89 víctimas de la dictadura.

Manríquez fue condenado en marzo de 2023 a 15 años de presidio mayor en su grado máximo por su participación en calidad de autor del delito de secuestro calificado de 16 víctimas de desaparición forzada en el marco de la Operación Colombo, cuyas víctimas permanecieron secuestradas en los recintos de Londres 38, Villa Grimaldi, Cuatro Álamos, Venda Sexy y José Domingo Cañas.

Su defensa solicitó cumplir la pena de cárcel en libertad por encontrarse enajenado mental. La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el recurso de amparo. Ante esto, los querellantes anunciaron un recurso de apelación toda vez que existía un informe médico psiquiátrico que daba cuenta que Manríquez podría estar simulando su condición.

Sin embargo, el Programa de DDHH no apeló, lo que según acusan las magistradas, se debería a una “instrucción expresa de su jefatura, quien señaló vía correo electrónico que el área jurídica no intervendrá en estrados”.

Segundo caso: Osses Yan1ez y subcomsaría de La Granja

Héctor Osses Yáñez, oficial de carabineros que estuvo a cargo de la Subcomisaría de La Granja en dictadura, y quien fue condenado en 15 sentencias judiciales por 31 víctimas de desaparición y homicidio calificado, está solicitando cumplir las penas en libertad por encontrarse, al igual que Manríquez, enajenado mental.

El Programa de Derechos Humanos se había opusto a su solicitud, sin embargo, ahora acusan que “por expresa instrucción del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a través de su jefatura, ha instruido no seguir interviniendo en estos procesos”.

Osses estuvo alrededor de dos años prófugo de la justicia, debiendo el Programa de Derechos Humanos interponer una querella criminal en su contra.

Tercer caso: Jorge Mandiona y Operación Alfa Carbón

Jorge Camilo Mandiola Arredondo, fue jefe regional de la CNI Concepción y está condenado a 15 años de presidio por la Operación Alfa Carbón, montaje realizado por la CNI en 1984 y que terminó con la vida de siete personas en Concepción, Los Ángeles y Valdivia, a partir de falsos enfrentamientos.

Mandiola solicitó suspender el cumplimiento de la pena privativa de libertad para poder cumplirla bajo reclusión domiciliaria, habiendo cumplido apenas dos años de prisión, por padecer una serie de enfermedades como diabetes y trastornos del sueño por ansiedad que le produce el encierro.

Tras un fallo de primera instancia desfavorable para Mandiona, la causa fue puesta en tabla para ser vista por la Corte de Apelaciones ayer 21 de abril. Sin embargo, denunciaron que la jefa del programa de Derechos Humanos “presentó un escrito desistiendo al abogado de dicha repartición, de alegar”.

CHV Noticias se contactó con el Ministerio de Justicia para conocer su versión sobre los hechos, sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se ha obtenido respuesta.