Contraloría detectó que dos comunas de la RM entregaron licencias de conducir a personas privadas de libertad
Se informó que además los hallazgos incluyen licencias entregadas a condenados por diversos delitos y trámites aprobados pese a que los solicitantes figuraban en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Lunes 19 de enero de 2026 | 16:23
Este lunes, la Contraloría General de la República anunció un sumario para determinar eventuales responsabilidades luego de que se detectatan graves irregularidades en el otorgamiento y renovación de licencias de conducir en las municipalidades de La Granja y San Ramón.
Se informó que los hallazgos incluyen permisos concedidos a personas privadas de libertad, licencias entregadas a condenados por diversos delitos y trámites aprobados pese a que los solicitantes figuraban en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Informe dio a conocer graves irregularidades en La Granja y San Ramón
En La Granja, el Informe reveló que tres personas recibieron licencia mientras cumplían penas privativas de libertad. Además, se identificó que 884 personas condenadas entre 2018 y 2024 obtuvieron permisos de conducir en esa comuna.
A ello se suma la entrega o renovación de 83 licencias a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, quienes al momento de la revisión mantenían deudas vigentes por un total de $11.111,911 UTM.
Además, el informe también expone cinco casos en que funcionarios municipales intervinieron en el proceso de otorgamiento de licencias para familiares, participando en los exámenes prácticos, aprobando evaluaciones médicas e incluso autorizando licencias en su calidad de director de tránsito y transporte público.
Mientras que en San Ramón se observó el otorgamiento de licencia de conducir a una persona que también se encontraba cumpliendo una condena privativa de libertad. A raíz de ello, la Contraloría ordenó paralizar el sumario iniciado por el propio municipio y remitir el expediente a la CGR, para que sea esta entidad de control la que determine eventuales responsabilidades administrativas.
En la investigación también se consigna que se entregaron 73 permisos a personas que habían sido condenadas entre 2023 y 2024, no ajustándose a lo establecido en la ley de Tránsito. También se verificó que se entregaron licencias de conducir a 55 personas que, al momento de solicitar el documento, se encontraban inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.