Steinert rompió el silencio y pidió “reconsiderar” dictamen de Contraloría: Acusó “errores de derecho”

La exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert solicitó formalmente a la Contraloría General de la República que reconsidere el dictamen N° D344, resolución que concluyó que actuó fuera de las atribuciones que le confería la ley al requerir información reservada a la Policía de Investigaciones (PDI).

En un extenso escrito, la exautoridad cuestionó las conclusiones del organismo fiscalizador y sostuvo que su actuación se ajustó plenamente a las facultades legales de su cargo.

La controversia se originó luego de que Contraloría determinara que Steinert excedió sus facultades al solicitar antecedentes detallados sobre funcionarios policiales vinculados a una investigación que ella misma había liderado como fiscal regional de Tarapacá.

En el documento del organismo se concluyó también que la actuación de la exministra que estuvo en el cargo entre el 11 de marzo y el 19 de mayo no se avenía con su deber de abstención.

La defensa de Steinert por dictamen de Contraloría

En su presentación, Steinert sostiene que “se acreditan errores de derecho en cada uno de los pasos argumentales del dictamen”, argumentando que el Ministerio de Seguridad sí cuenta con facultades legales para requerir información a las policías.

Según expone, la solicitud realizada mediante el oficio reservado buscaba conocer antecedentes necesarios para ejercer labores de coordinación, supervisión y evaluación institucional, en línea con las funciones que la ley entrega a la cartera.

Uno de los puntos centrales de la reconsideración es que la exministra rechaza que existiera un conflicto de interés derivado de su antiguo rol como fiscal.

En el documento descartó “la existencia de un interés -personal, patrimonial o de las personas vinculadas que la ley señala- capaz de restar imparcialidad a la decisión” y aseguró que “el dictamen no individualiza cuál sería ese interés”.

A juicio de la exsecretaria de Estado que estuvo 69 días en el cargo, la interpretación del organismo fiscalizador “carece de todo precedente en la jurisprudencia administrativa que el propio dictamen cita”.

La presentación busca que Contraloría deje sin efecto o modifique las conclusiones más críticas del dictamen emitido el pasado 1 de julio.