Senado aprueba en general proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular a Chile

La Sala del Senado aprobó en general el proyecto que tipifica como delito de ingreso clandestino al territorio nacional, por lo que ahora continuará su tramitación legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La propuesta que modifica la ley 21.325 de Migración y Extranjería fue respaldada con 24 votos a favor y 20 en contra y se acordó como plazo hasta el mediodía del jueves 28 de mayo para presentar indicaciones.

“Quisiera destacar que este es un proyecto que sin duda constituye una herramienta para enfrentar la emergencia en materia de migración irregular que hemos vivido en los últimos años en nuestro país”, declaró el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

“Esta iniciativa sin duda incorpora un carácter disuasivo y tiene como finalidad la prevención y lo que es una de las características de las normas penales, prevenir”, añadió el secretario de Estado.

Las nuevas penas que establece el proyecto

La iniciativa busca establecer que quienes incumplan la normativa arriesgan un castigo de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días), además de una multa de 5 a 10 UTM, es decir, de $350.00 a 705.000, aproximadamente.

Además, aumenta la pena a presidio menor en su grado medio a máximo (entre 541 días y 5 años) a quienes ingresen y además tengan prohibición vigente de ingreso a nuestro país.

Reacciones en la oposición

Durante la sesión las posturas en contra fueron defendidas por las y los senadores Pedro Araya, Beatriz Sánchez, Daniel Núñez, Esteban Velásquez, Fidel Espinoza y Claudia Pascual.

Esto, pues desde la oposición advirtieron que la ley resultaría en una “sobrecarga operativa para la PDI y las FF.AA.”, además de “problemas de constitucionalidad y debido proceso, contraviniendo estándares internacionales de derechos humanos”.

“Lo que hace en el fondo es que las personas que han ingresado clandestinamente a nuestro país se queden en nuestro país. Y al menos nosotros, desde el comité unido de la oposición, queremos que las personas que entraron de manera ilegal salgan del país”, señaló Yasna Provoste.

Por su parte, Pedro Araya declaró que “transformar una infracción administrativa en delito no fortalece al Estado, al contrario, lo debilita porque desordena el sistema jurídico, tensiona principios básicos de la dogmática penal y genera una ilusión de control que no resiste análisis técnico ni evidencia empírica”.