Le dijo a su cliente que no fuera al juicio: los 6 casos que sacaron al “mejor abogado de Chile” del Colegio de Abogados
El Tribunal de Ética del Colegio de Abogados revisó seis reclamos de clientes que pagaron entre $300 mil y cerca de $7 millones. Concluyó por unanimidad que el abogado entregó información falsa sobre el estado de sus causas, actuó tarde en momentos decisivos y usó su apodo de “mejor abogado de Chile” para captar clientes.
20.11.2026 / 11:47 Valentina González Meneses
El Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Chile expulsó a Ariel Wolfenson Rivas, conocido en redes sociales como el “mejor abogado de Chile”. La decisión, adoptada por unanimidad el 15 de septiembre de 2026, ordena además publicar la sanción en la Revista del Abogado, publicación oficial del Colegio, para que la medida sea de conocimiento público.
El fallo, de más de cien páginas y al que tuvo acceso CHV Noticias, reunió seis reclamos presentados entre julio de 2024 y septiembre de 2025. Abarcan materias muy distintas: una causa de familia, un conflicto con una automotora, una querella por propiedad intelectual, una demanda laboral, el cobro de un vale vista, una petición internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un juicio por negligencia médica.
El 27 de agosto de 2026 el tribunal hizo la audiencia pública del caso, en la que se presentaron los cargos y declararon algunos de los afectados. Wolfenson, pese a estar notificado, no asistió ni envió representante.
Según el tribunal, cinco de los seis reclamantes llegaron a él a través de su página web, donde se presentaba como “el mejor abogado de Chile”.
Abuelos que buscaban ver a sus nietos
De acuerdo al fallo del gremio, el primer caso corresponde a una pareja de abuelos que lo contrató en 2024 para levantar medidas cautelares que les impedían ver a sus nietos y obtener un régimen de visitas. La propuesta de honorarios, inicialmente de $3.900.000, les anticipaba que podrían tener “un gran éxito” en su caso.
El abogado sí presentó escritos, pero en una causa en la que sus clientes no eran parte, y el tribunal de familia los rechazó. A los clientes, en cambio, les dijo que el escrito había sido “presentado con éxito”. Se enteraron de la verdad llamando ellos mismos al juzgado.
Cuando pidieron una reunión, Wolfenson la condicionó al pago de cuotas atrasadas. Al terminar la relación no les devolvió un pendrive con documentos familiares y les advirtió que presentaría una denuncia en Fiscalía si no pagaban.
Por este caso, el tribunal fijó una suspensión de 30 días, que quedó absorbida por la expulsión.
Una audiencia que “se reagendaría”
Un hombre que tenía un conflicto por la compra y el financiamiento de un automóvil le pagó $2.890.000. Según el fallo, la demanda se dirigió solo contra la automotora y no contra la financiera que tenía el crédito y la prenda del vehículo.
Wolfenson llegó a las 9:54 a un comparendo citado para las 9:30, cuando la audiencia ya se había hecho sin su cliente. Alegó un accidente de tránsito, pero no acompañó ningún respaldo. Al cliente le informó que la audiencia “debía reagendarse”, aunque ya se había celebrado.
En paralelo, el cliente fue demandado por la financiera. El incidente que presentó el abogado para defenderlo quedó sin ninguna prueba y fue rechazado. Finalmente, el propio afectado negoció y pagó directamente la deuda.
El caso más caro: casi $7 millones y un falso reagendamiento
Un emprendedor que acusaba el uso no autorizado de un proyecto de reciclaje pagó en total $6.800.000 por dos encargos: una querella penal y una demanda laboral. La propuesta inicial estimaba una indemnización “como mínimo” de entre $100 y $300 millones.
A mitad del proceso, Wolfenson le pidió $1.750.000 adicionales para reconocer el “arduo trabajo” de enfrentar a grandes empresas. El tribunal constató que la carpeta de la Fiscalía no mostraba una actividad de la intensidad que se invocó para ese cobro.
En la causa laboral, la mañana del juicio el abogado le escribió que, por problemas de salud, la audiencia se reagendaría y que no debía asistir. No era efectivo: el tribunal NO la había suspendido. El cliente, que ya estaba en el juzgado con sus testigos, enfrentó el juicio sin abogado y la demanda fue rechazada.
El tribunal reconoció que la enfermedad explicaba la ausencia, pero no que no se hubiera previsto un reemplazo ni que se entregara información falsa. Consideró que este caso, por sí solo, justificaba la expulsión.
Un vale vista recuperado por cuenta propia
Un trabajador le pagó $300.000 para cobrar un vale vista de su finiquito, por algo más de $2 millones, que estaba extraviado. El abogado presentó una gestión con fundamentos genéricos y tardó cerca de un mes en ratificar su patrocinio. El tribunal civil la declaró improcedente.
El cliente se enteró por el sitio del Poder Judicial. Wolfenson le dijo que era un problema de “nomenclatura” de la plataforma electrónica, explicación que el Tribunal de Ética descartó. Finalmente, el trabajador ubicó el documento por su cuenta en una notaría de Calama.
Una petición internacional que nunca se presentó
Un médico residente en Europa contrató a Wolfenson por $10 millones para complementar una denuncia contra el Estado de Chile ante la CIDH, y alcanzó a pagarle cerca de $5 millones.
Según el fallo, los borradores que recibió eran prácticamente una copia de la petición que él mismo ya había presentado. El abogado nunca presentó nada ante la Comisión ni legalizó el mandato enviado desde Suiza. Aun así, cuando el cliente terminó la relación, sostuvo que debía pagar las cuotas restantes.
Un remate al que llegó dos días tarde
Un hombre lo contrató en 2021 para demandar por negligencia médica tras una cirugía nasal. El tribunal civil le dio la razón en parte, pero rechazó los $40 millones pedidos por daño moral porque no se rindió prueba. La pericia psicológica que el propio abogado solicitó nunca se hizo, y después la confundió con una pericia médica pedida por la contraparte.
El mismo cliente le encargó defenderlo en un juicio hipotecario. Wolfenson conocía la causa y tenía mandato desde febrero de 2024, pero asumió la defensa el 26 de abril, dos días después de que la vivienda fuera rematada por más de $76 millones. La nulidad que intentó fue rechazada y la Corte de Apelaciones confirmó esa decisión.
Tribunal de Ética acredita “un patrón” de conducta
El tribunal aclaró que no lo sancionó por perder casos, ya que un abogado debe actuar con diligencia y no garantizar resultados.
Lo que estableció fue un patrón repetido: prometía éxito y rebajaba honorarios para captar clientes, negaba los errores cuando aparecían y luego insistía en cobrar.
También reprochó su apodo de “mejor abogado de Chile”, por ser un autoelogio prohibido por el Código de Ética que influyó en quienes lo contrataron.
Wolfenson, en sus descargos, calificó los reclamos de infundados y acusó a clientes que “derechamente no pagan honorarios”. En 2025 intentó renunciar al Colegio, pero no pudo hacerlo porque tenía procesos pendientes.