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Caso Francisca Sandoval: Amnistía Internacional llama al Estado a garantizar seguridad de periodistas en protestas

Desde el organismo que vela por los Derechos Humanos repudiaron las circunstancias en que la reportera "fue herida" y lamentaron que aquello "le haya ocasionado la muerte". Asimismo, con respecto a lo ocurrido el 1 de mayo señalaron que "demuestra que hubo una falla grave" por parte de las autoridades.

Jueves 12 de mayo de 2022 | 18:50

Durante la jornada de este jueves se confirmó la muerte de la periodista Francisca Sandoval, profesional de las comunicaciones que fue gravemente herida producto de un disparo el domingo 1 de mayo en una manifestación por el Día del Trabajador y la Trabajadora en el barrio Meiggs.

Desde el Hospital de Urgencia Asistencia Pública indicaron que la paciente, quien ingresó de extrema gravedad por un traumatismo encéfalo craneano, no presentó mejoras neurológicas y derivó en una falla multiorgánica que provocó su deceso.

En ese contexto, diversas organizaciones sociales, entidades públicas y privadas, y personal del mundo político, han manifestado sus reacciones al suceso y las respectivas condolencias a las familias.

Lo anterior generó la reacción de Amnistía Internacional (movimiento global presente en más de 150 países que trabaja para que sean reconocidos y respetados los derechos humanos), organismo que emplazó al Estado a garantizar la seguridad de periodistas en el marco de manifestaciones.

"Repudiamos las circunstancias en que Francisca Sandoval fue herida y lamentamos profundamente que aquello le haya ocasionado la muerte. Es un imperativo investigar y sancionar a los responsables de este hecho y de todos los ocurridos en el marco de las manifestaciones sociales", señalaron.

Además, el Estado "tiene el deber de asegurar el derecho a la protesta pacífica, lo que incluye proteger la integridad de los/as manifestantes frente a agentes provocadores y contra-manifestantes", añadieron.

En ese sentido, manifestaron que las autoridades deben adoptar todas las medidas preventivas para evitar que particulares agredan a personas que se manifiestan. "Lo ocurrido el 1 de mayo en el barrio Meiggs demuestra que hubo una falla grave en este aspecto, lo que desencadenó en varios hechos de violencia y lamentablemente en la muerte de la periodista", expresan.

"El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión", sentencian.

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