Acogen querella contra Sharp: Contraloría detectó casi $18 mil millones sin rendición de cuentas

A tramitación fue acogida por el Juzgado de Garantía de Valparaíso la querella criminal que cinco concejales de oposición de la Municipalidad de Valparaíso presentaron en contra el exalcalde de la ciudad Jorge Sharp.

Leonardo Contreras, actual edil y querellante de la causa, detalló las figuras penales que se imputan al ex jefe comunal, como malversación de fondos y adulteración de instrumento público.

Según dijo, "son 3 figuras penales, la primera de ellas malversación de fondos públicos en relación a pagos indebidos por contratos a honorarios, falsificación de documentos públicos en cuanto a la adulteraciones de los registros de asistencia".

Agregó que la "querella fue sometida a tramitación por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, remitida al Ministerio Público", y que en las próximas semanas "solicitaremos una reunión con el fiscal que quede a cargo de la investigación", dijo a Radio Bío-Bío.

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El duro informe de Contraloría por administración Sharp

Fue a comienzos de enero cuando la Contraloría General de la República entregó los resultados de una auditoría a la gestión municipal de Valparaíso durante el período 2023-2024, correspondiente al tramo final de la administración de Sharp.

¿El resultado? Casi $18 mil millones sin rendir, conciliaciones bancarias realizadas en simples planillas Excel y actividades de campaña efectuadas en horario laboral, según estableció el Informe Final N° 151-2025.

Las falencias y descontrol financiero derivaron en la instrucción de sumarios administrativos, además del envío de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En materia de probidad, el informe acreditó que el otrora jefe comunal y la entonces directora de Desarrollo Comunitario, Carla Meyer, realizaron actividades de carácter proselitista utilizando sus cargos y horarios laborales.

En el caso de la segunda, la directora de Dideco, solo en mayo de 2024 la auditoría detectó 57 horas y 40 minutos de atrasos que no fueron descontados de su remuneración.

Además, se constataron manipulaciones manuales en el registro de asistencia y el pago íntegro del sueldo pese al incumplimiento de la jornada laboral, lapsos que coincidían con actividades de campaña.