Gabriela Marín, de 23 años, se suicidó en septiembre del 2012 luego que los fiscales que llevaron la formalización de los agresores los dejaron libres por falta de pruebas. La joven cayó en depresión y se quitó la vida. Los errores en el proceso penal ha dejado a la familia dudando si se hará justicia.
Jonathan Pizarro y Cristián Briones, están en el proceso oral que determinará su culpabilidad en la violación de la joven que se quitó la vida tras caer en depresión por haber sido violada.
"Perdóname. Sólo eso. Por no ser la hermana fuerte. No pude ser. Te pido que esto no se quede así. Haz que paguen", dice la carta que dejó a su hermano, una de las cinco que dejó Gabriela a su familia.
Los fiscales Néstor Gómez Canales y Carlos López Miranda fueron sancionados por sus responsabilidades individuales en las decisiones judiciales que tomaron tras la violación de la mujer de 23 años. Ellos fueron quienes determinaron la libertad de los imputados por falta de pruebas, lo que motivó que la joven se quitara la vida.
